En un vídeo publicado ayer en redes sociales, el Presidente de la República dio lectura a un memorándum que dirige a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Gobernación para dejar sin efectos la Reforma Educativa surgida del Pacto por México, impulsada por el entonces Presidente, Enrique Peña Nieto.
Para cualquier político enterado del funcionamiento del Estado y la división de poderes, un documento como el que el Presidente hizo llegar a sus funcionarios, carece de validez jurídica. El famoso memorándum de Andrés Manuel López, no tiene soporte jurídico, ni refiere a alguna facultad constitucional de su investidura, entonces, ¿por qué hacerlo?
Algunos dicen que se trata de un mensaje para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que intenta meterles presión para que aprueben el dictamen que, se supone, está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Otros más, dicen que el Presidente realmente cree en el mecanismo que está usando para abrogar la reforma educativa.
En ambos casos estamos ante un error garrafal. No se puede chantajear a quien vive de chantajes, es decir, a la CNTE. No se puede pasar por alto la división de poderes e ignorar mediante un memorándum a la Cámara de Diputados. No se puede abrogar una ley por la sola voluntad de un individuo.
En todo este embrollo en que se ha metido el Presidente por temor a la CNTE, destaca el silencio de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ¿Qué acaso la Secretaria, en su calidad de Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ignora el mecanismo jurídico para dejar sin efectos una ley? La posición en la que el presidente deja a su Secretaria de Gobernación es penosa, ha hecho de una figura en la que muchos tenían esperanza, una triste figura decorativa del gabinete.
Y mientras son peras o son manzanas, nadie está poniendo en el centro del debate a los destinatarios de la educación en México: los niños.
