Ante el hecho de la que la distribución de recursos al Sistema Estatal Anticorrupción se asignó al revés, es decir, sin tener un plan claro de trabajo, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción Estatal, Jorge Alatorre, pidió liberarlo y ejercerlo de manera adecuada.
Manifestó que tendrá una reunión con la Secretaría General y el Comité Técnico de Valoración Salarial para definir la forma de ejercer este presupuesto asignado.
El Ejecutivo otorgó 40 millones de pesos a este sistema y lo consideraron como una parte inicial para ejercer.
“Si pretendemos darle mordidas a esta bolsa de una forma desordenada, estamos estableciendo un mal principio como sistema anticorrupción que le interesa que los recursos sean ejercidos de la mejor manera”.
Mencionó que deben ejercerse con reglas de operación y programas operativos, los cuales aún no establecen en cada una de las instancias.
Hasta el momento ninguno de los miembros del Comité de Participación Social le han pagado.
Alatorre comentó que en su reciente visita a Monterrey se percató que a nivel nacional hay una docena de comités de participación social funcionando en el país.
El funcionario manifestó que en esa reunión también recibieron una felicitación de la presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclaire Acosta, por la reforma aprobada en la materia en el estado.
Alatorre recordó que todos los titulares de este sistema ya han sido nombrados y sólo falta un magistrado administrativo, y que el reto ahora es poner a funcionar este sistema de manera adecuada.
Cuestionó sobre cómo se resolvieron y cómo quedaron los procesos legales que había contra la integración de la Comisión de Selección y la controversia constitucional del Tribunal Electoral contra el nombramiento de su contralor interno.
El Secretario General del Congreso del Estado, José Alberto Damián López, informó que en el primer caso quedó sin materia después de que presentaron su informe y el juez determinó que no había agravio contra el quejoso.
Sobre el segundo caso, el abogado del Poder Legislativo comentó que el asunto se está resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación defendiendo la legalidad y la soberanía del Congreso local.
Calificó como preocupante que nunca hay operado la unidad de combate a la corrupción dentro de la Fiscalía General y se haya quedado en papel.
