Luego de 10 horas de audiencia, el juez Juan Paulo Dávalo Navarro decretó la vinculación a proceso para tres ex titulares de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, Daviel Trujillo Cuevas y Salvador Rizo Castelo, por uso ilícito de atribuciones y facultades.
A los tres los habían imputado el 9 de octubre por otorgar durante sus gestiones subsidios a organizaciones civiles que integraban servidores públicos, contrario a las reglas de operación del programa de apoyo a dichos grupos.
Al reanudarse la audiencia , los defensores llamaron a dos testigos para robustecer su caso, la primera fue Lizana García, ex directora General de Política Social de a Sedis, detalló que antes de que el secretario firmara los convenios, la selección de las beneficiarias correspondía a un comité.
La segunda fue Ileana León González, perito investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien al analizar las reglas de operación manifestó que el documento no obligaba al secretario a revisar por su propia persona que las organizaciones no tuvieran servidores públicos.
Destacó que la Sedis otorgaba los subsidios bajo el principio de buena fe y que en todo caso se debería sancionar a las organizaciones civiles por concursar a sabiendas de que estaba prohibido.
Al rendir su declaración, Miguel Castro indicó que él no revisaba que se cumplieran los requisitos de elegibilidad, pues creía que esa labor ya se había hecho de manera adecuada.
Durante el debate, la defensa solicitó el sobreseimiento del caso y la no vinculación a proceso, más porque los imputados no obtuvieron beneficio.
El Ministerio Público insistió en que se violó el Artículo 152 del Código Penal al otorgar subsidios en distintas ocasiones a ocho organizaciones con funcionarios.
El juez justificó que se constituía el delito por el uso indebido de atribuciones y facultades perpetrado en contra de la Sedis y la sociedad.
Como medidas cautelares, los imputados deberán firmar cada 30 días durante tres meses, en este periodo no pueden abandonar el país y tiene que mantenerse en resguardo domiciliario, salvo para trabajar o por salud.
La condición es que no podrán salir de su domicilio, salvo por motivos de salud o trabajo, podrán acudir al hospital o al doctor en caso de ser necesario, tampoco sus salidas al trabajo se verán impedidas.
Castro, Rizo y Trujillo son señalados por presuntamente haber otorgado 5.7 millones de pesos a 13 asociaciones civiles entre cuyos miembros tenían servidores públicos, durante el tiempo que estuvieron al frente de la Sedis.
