Una investigación realizada por Quinto Elemento Lab y publicada por la revista Proceso, reveló que durante el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 171 compañías de muy reciente creación han recibido contratos por unos 366 millones de pesos de 92 dependencias federales, el 70 por ciento de los casos a través de adjudicaciones directas.
Según los datos presentados en el reportaje, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 fueron creadas 90 de las compañías, algunas de las cuales obtuvieron contratos con el gobierno federal en los que fueron apenas sus primeros 15 días de existencia.
Según la publicación esas compañías carecían de experiencia empresarial, consiguieron del gobierno federal 561 contratos, de los que casi 400 fueron obtenidos mediante adjudicación directa, 92 (16 por ciento) por invitación a tres personas y 71 (13 por ciento) por licitación pública.
Los institutos Mexicano del Seguro Social (229) y el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, así como las secretarías de la Defensa Nacional (20), de Comunicaciones y Transportes (21), y de Gobernación (19), se encuentran entre las principales dependencias del gobierno que han otorgado los contratos, así como la CONADE.
Entre los casos más destacados que se mencionan en dos textos que acompañan al reportaje se encuentran las consultoras Ostergard y Borgelund, que brindan asesoría jurídica a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
De la primera es socia Karime Balu Escartín, una asistente de Ana Gabriela Guevara cuando fue senadora por el Partido del Trabajo y que actualmente trabaja con Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad.
Otra empresa destacada es Hollund Solutions Textile, a la que la Sedena ha entregado contratos para vestimenta y equipo para la Guardia Nacional.
Desde su Proyecto de Nación 2018-2024, en la parte dedicada a las licitaciones públicas, Morena había establecido en unos de sus puntos el siguiente: “Prohibición de adjudicaciones directas. Obligatoriedad de ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones”.
Además de que no se ha cumplido con la prohibición de las adjudicaciones directas, ahora se han otorgado contratos a empresas de muy reciente creación, la cual, cuando menos temporalmente, coincide con la llegada al poder de López Obrador y el desarrollo de su gobierno.
