Este día, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, rindió un informe ante el Congreso del Estado.
Frente a los 38 diputados del pleno, el ombudsman de la entidad, informó sobre el trabajo de la institución que representa frente a los problemas detectados en Jalisco, pues considera que la situación en cuanto a preservación de los derechos humanos es crítica.
“Tenemos la obligación de generar conciencia en cada lugar en el que desempeñemos nuestras labores, pero también tenemos la obligación de exigir a las autoridades que no se sigan haciendo de la vista gorda, que no se sigan echando la bolita unos con otros”, mencionó.
Demando atender necesidades de las comunidades indígenas y la reparación del daño de manera integral para las víctimas de violación a sus derechos humanos.
Además, señaló que, de mil 415 quejas registradas en 2018, veinte derivaron en recomendaciones y del total de las quejas recibidas 1,057 fueron contra la Fiscalía; en este tono, estuvieron presentes los padres de Francisco Álvarez Quezada, “Panchito”, joven estudiante quien fuera asesinado en agosto de 2017 por robarle un celular.
En su segundo informe, Hernández Barrón adelantó que presentarán un balance sobre el trabajo realizado con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, respecto al manejo que se le dio en la pasada administración a cientos de cadáveres que permanecían sin identificar y era guardados en dos cajas de tráiler que pasearon por toda la zona metropolitana.
La CEDHJ hizo un acompañamiento y además abrió un acta de investigación por cada uno de los cuerpos, para asegurar el trato digno de los mismos y de sus familias; trabajó que arrojó “graves deficiencias, falta de coordinación y de responsabilidad entre quienes están destinados a atender el dolor más profundo que vive nuestra sociedad en este momento, y que es el sufrimiento de las madres, de las personas desaparecidas”, según lo dijo el mismo presidente.
Con información de Mural, NotiGDL, Congreso de Jalisco, CEDHJ.
