Esta mañana, y pese a que ayer se confirmó que existen “faltas graves” en la investigación en contra de Carlos Lomelí, Laboratorios Solfrán, una de las empresas del ex superdelegado eludió la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Según información recabada por GRUPO REFORMA, el empresario logró contratos por hasta 128.6 millones de pesos durante la compra consolidada de medicamentos que en diciembre pasado realizó Hacienda.
Lee también: Existen faltas graves en investigación de Carlos Lomelí
La compañía de Lomelí había sido inhabilitada por la SFP el 13 de septiembre de 2019 para obtener contratos en la Administración Pública Federal por un periodo de dos años seis meses, además de que se le impuso una multa de un millón 51 mil pesos.
Sin embargo, la empresa consiguió que una Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgara a principios de diciembre una suspensión definitiva a la inhabilitación, con lo que pudo participar en la licitación de la compra consolidada de medicamentos que se realizó entre los días 4 y 24 de ese mismo mes.
La SFP, pese a haber sido enterada por la Sala de la solicitud, desistió en la presentación de pruebas para preservar la inhabilitación hasta en tanto no se resolviera el fondo del asunto.
En la compra consolidada de medicamentos, Hacienda adjudicó a Laboratorios Solfrán cuatro partidas por un monto mínimo de 51.4 millones de pesos y máximo de 128.6 millones de pesos para proveer electrolitos orales en polvo y solución, aluminio y magnesio en solución, así como cinitaprida en comprimido.
Según el boletín que el 13 de septiembre emitió la SFP, la sanción contra Laboratorios Solfrán y Lomedic, también propiedad de Lomelí, fue porque falsearon información al negar la existencia de vínculos con algún servidor público.
El 31 de mayo del año pasado, REFORMA dio a conocer que a lo largo de 13 años Lomelí había tejido una extensa red de empresas, la mayoría de ellas vinculadas al sector farmacéutico, que le habían permitido obtener contratos por 7 mil millones de pesos con gobiernos estatales y el federal.
El 12 de julio Lomelí renunció al cargo de delegado en Jalisco de la Secretaría del Bienestar.
