Heckler & Koch, una empresa armamentista alemana, esta siendo investigada por una supuesta exportación ilegal de armas a México, aparentemente, directivos de aquella empresa, ofrecieron sobornos a diputados para que aprobaran la venta de ametralladoras y otros fusiles.
Según un diario local, la fiscalía de Stuttgart, levantó una investigación contra un ex directivo de la empresa, de apellido Beyerle, por ofrecer dinero a representantes políticos con el objetivo de que aprobaran dicha exportación entre 2009 y 2010.
Las acusaciones se dieron luego de la intervención al correo electrónico del subgerente de la empresa, donde tambien se mencionan a otra empresa denominada KPMG.
Según los datos, Heckler & Koch entregó 5 mil euros a dos parlamentarios del Partido Liberal y otros 10 mil euros a una asociación local de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido de la Canciller Angela Merkel
Tres semanas después, según el medio alemán, Beyerle escribió al político más conocido de esa asociación local de la CDU, el jefe de su grupo parlamentario en el Bundestag, Volker Kauder, pidiéndole su apoyo en la concesión del permiso de exportación.
El portavoz de la Fiscalía de Stuttgart, indicó al canal de televisión que se está investigando si estas donaciones a los partidos tuvieron algún efecto en la concesión del permiso a Heckler & Koch.
La Audiencia Provincial de Stuttgart abrió el pasado 15 de mayo un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis ex empleados de Heckler & Koch después de que la Fiscalía considerara que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas
Según la fiscalía, los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 4 mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por un valor de 4.1 millones de euros en zonas mexicanas con problemas de violencia, algo prohibido según la legislación alemana.
Los acusados rechazaron los cargos y aseguraron que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas. En el centro de este proceso, que continuará hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
Normalmente, el receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano el compromiso, según la Fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas.
Con información de Reforma.
