- El caso podría ser atraído por la Secretaría de Seguridad Federal al existir la presunción de delitos fiscales.
Por medio de sus redes sociales, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó sobre los avances de la investigación en torno a los siete jóvenes que trabajaban en un presunto call center, y hoy se encuentran desaparecidos.
El mandatario descartó que el sitio donde laboraban se tratara de un call center y sí un centro de operaciones de otra naturaleza, según los hallazgos en dos fincas cateadas en Zapopan y que están ligadas al caso.
Sin embargo, afirmó que la prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un operativo coordinado por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y de la Fiscalía estatal.
Alfaro Ramírez señaló que tuvo comunicación con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien podría atraer el caso al existir la presunción de delitos fiscales.
“Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza. Adicionalmente, esta mañana tuve comunicación con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal. La prioridad es localizar a las personas desaparecidas y para ello se ha desplegado un amplio operativo que trabaja sin descanso”.
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La Fiscalía del Estado informó que al realizar un cateo en la primera vivienda involucrada en el caso, ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, se encontraron documentos diversos, mariguana, un trozo de tela con mancha rojiza, pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, anotaciones de membresías o tiempos compartidos, metas económicas a lograrse y una operación al margen de la ley, ya que no contaba con licencia comercial.
En el segundo cateo realizado en una finca de la calle Johannes Brahm, en la colonia La Estancia, en Zapopan, se aseguraron: documentos varios consistentes en listados de nombres y datos de contacto, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas; una bolsa con vegetal verde, así como un vaso de plástico también con vegetal verde, una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un rack sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras.
Este caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta, afectando con dichas transacciones a personas de la tercera edad en retiro o jubilación de nacionalidad estadounidense.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había advertido ya sobre estos delitos y responsabilizó de ellos directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Apenas en marzo y abril, 27 empresas y siete personas fueron señalas por las autoridades norteamericanas de tener nexos con el CJNG en estos hechos.
Estas personas y empresas están vinculadas, directa o indirectamente, con el fraude de tiempos compartidos liderado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación”, indicó el 27 de abril la OFAC, que es la dependencia estadunidense que administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra países, terroristas, narcotraficantes, entre otros.
De la lista, 18 empresas tienen dirección en Jalisco, 15 de ellas están en Guadalajara y 3 tienen sede en Puerto Vallarta. El resto en Nayarit, Tijuana y Cancún. Las empresas son del ramo turístico, de bienes raíces y de la construcción.
(Esta actividad) es una importante fuente de ingresos que respalda la empresa criminal general del grupo“, aseguró en aquella ocasión el subsecretario del Tesoro norteamericano para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Además, se determinó que uno de los desaparecidos y el abogado que realizó las labores de arrendamiento de la finca de Jardines Vallarta tienen antecedentes de fraude.
