El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), encargado de evaluar las políticas para combatir la pobreza en México durante los últimos 20 años, podría ser disuelto antes de que concluya la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta propuesta, incluida en el paquete enviado al Poder Legislativo el pasado 5 de febrero, sugiere una “fusión” del CONEVAL con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Desde su creación en la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el CONEVAL ha sido un pilar fundamental en la medición de la pobreza en México.
Según su más reciente investigación multidimensional entre 2020 y 2022, más de 46 millones de mexicanos, el 36.3% de la población, viven en condiciones de pobreza.
Este fenómeno afecta particularmente a estados como Chiapas, Oaxaca y Puebla, donde más del 50% de los habitantes enfrentan carencias significativas.
Especialistas alertan que la desaparición del CONEVAL podría generar opacidad sobre la pobreza en México, un problema social que requiere de políticas públicas bajo constante vigilancia y evaluación.
La posible disolución del CONEVAL se suma a la lista de otros seis organismos autónomos que podrían desaparecer, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta propuesta de reestructuración ha generado críticas y preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para mantener una evaluación imparcial y efectiva de sus políticas sociales.
Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de México, enfrenta el desafío de abordar la pobreza extrema en un contexto donde la evaluación independiente de las políticas públicas podría verse comprometida.
Su plan de reducir la pobreza extrema para 2030, presentado durante su campaña, dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para implementar y evaluar de manera transparente y efectiva las políticas necesarias para alcanzar este objetivo.
El futuro del CONEVAL y la evaluación de la pobreza en México está en manos del Congreso, mientras el país espera decisiones que impactarán significativamente en la lucha contra la pobreza y la transparencia gubernamental.
