Poco a poco comienza a surgir la faceta más inquietante del ejército mexicano.

Una semana después de haber sido vulnerada la seguridad digital de la SEDENA, el diario español, El País, dio a conocer un análisis preliminar de un grupo de mil correos electrónicos que contienen información sobre cientos de casos de violación, abuso sexual y tortura que se ejercen al interior de la agrupación castrense.

Según los documentos revisando, distintos niveles de la jerarquía militar han participado y solapado estos abusos, siendo directamente señalados 42 militares. Al interior de la “tropa” priva un ambiente de miedo por estos hechos, ambiente que se ha agudizado tras el hackeo de los servidores de la SEDENA.

Las víctimas están en la indefensión, pues señalan la nula respuesta de las autoridades a sus demandas. Por otra parte, algunos denunciantes han sido dados de baja tras haber denunciado las agresiones.

El modus operandi de estas agresiones es frío, según cuentan las víctimas, son citados por los mandos en lugares solitarios, sin testigos de por medio, para poder perpetrar los abusos. Dada la lógica militar de obediencia vertical, no pueden negarse: el medio militar se vuelve así en la escena perfecta de un crimen.

Las medidas que ha tomado el ejército para terminar con estas prácticas no están siendo efectivas. Van de la firma de una carta compromiso en la que los miembros de las fuerzas armadas, se comprometen a respetar los derechos humanos, según una circular interna difundida a partir de este año.

Al final, la información dada a conocer ha provocado que tanto organizaciones civiles, como políticos opositores del gobierno de López Obrador, pugnen porque se respete lo pactado en la constitución y se evite que prospere la iniciativa presidencial, de mantener al ejército realizando tareas de seguridad hasta el año 2028, cuatro años más de lo que dice la carta magna.