Ante los sucesos ocurridos en 2018 cuando varias cajas refrigeradas de tráiler repletas de cadáveres deambularon por la zona metropolitana de Guadalajara, la Fiscalía de Jalisco busca vincular a proceso a al menos una funcionaria involucrada por la contratación irregular  de dichas cámaras y el manejo indebido de los cuerpos.

Fue en septiembre de 2018 cuando vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga reportaron la presencia de al menos dos cajas frigoríficas abandonadas, mismas que escurrían sangre y emanaban olores fétidos.
Posteriormente, autoridades informaron que se trataba de una “extensión” del IJCF, pues a falta de espacio para almacenar los cadáveres en sus instalaciones, la entonces Fiscalía General del Estado a cargo de Eduardo Almaguer, quien era responsable de su resguardo, decidió guardarlos en dichos contenedores.

Tras lo anterior, la Contraloría del Estado levantó varias denuncias ante la propia Fiscalía, mismas que no se trabajaron hasta la llegada de la nueva administración estatal, que remitió la carpeta de investigación a la Fiscalía Anticorrupción y fue entonces cuando comenzaron las indagatorias.

De las investigaciones, se desprendió que nunca existió un contrato de prestación de servicios entre la Fiscalía y las empresas dueñas de los tráileres, arrendamiento gestionado por la entonces Coordinadora General de Administración y Profesionalización, Yolanda Salomé Santiago Villela, funcionaria muy cercana al ex Fiscal, Eduardo Almaguer.
Así mismo, los pagos por la contratación de los contenedores se realizaron con el Fondo Revolvente de la institución mediante cheques expedidos a nombre de “empleados” que no se presentaban a trabajar, cheques que a su vez, eran endosados a nombre de los prestadores de servicios; dicho fondo solo está destinado para atender gastos menores y urgentes de la dependencia y contemplaba menos de 20 mil pesos mensuales.

Por tanto, el Juez 8vo en materia penal de Jalisco, citó a Yolanda Salomé Santiago Villela en su carácter de ex Coordinadora General de Administración y Profesionalización, por la presunta comisión del delito de Desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, por gastos indebidos que ascienden a más de 222 mil pesos.
La situación de la ex servidora pública se definirá en los próximos días.

 

Empleada y proveedora del Gobierno de Jalisco

La ex funcionaria, Yolanda Salomé Santiago Villela, recibió pagos como proveedor por parte del Gobierno del Estado a la vez que desempeñaba un cargo público.

Santiago Villela, fue directora general del Sistema Nacional de Empleo en Jalisco, de 2013 a 2015 y de 2015 a 2018, ocupó la Coordinación General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía General; sin embargo, durante el mismo período y hasta el término de la pasada administración estatal,  también aparecía en el padrón de proveedores del Gobierno de Jalisco, donde se detectaron pagos a su nombre mediante el concepto de “Fondo Revolvente” por más de 125 millones de pesos, tan solo en el año 2017.