El día de ayer, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el plan de acciones a realizar para el Instituto de Pensiones de Jalisco. El punto de partida del plan fue un diagnóstico sobre la situación económica que prevalece en la dependencia.
El dato presentado es alarmante, el instituto de pensiones tiene un déficit de 260 mil millones de pesos que ponen en riesgo su viabilidad a corto plazo. De seguir las cosas como están, en diez años los trabajadores del estado podrían tener comprometidas sus pensiones.
La pregunta es ¿cómo fue posible que el estado llegara a este punto? La respuesta es relativamente simple, pero sus consecuencias funestas. Por una parte, han disminuido los ingresos de IPEJAL, menos trabajadores están cotizando; por la otra, van aumentando las personas que se jubilan. Esto produce un desbalance.
A esta situación debemos añadirle dos fenómenos. El primero, la irresponsabilidad de muchos presidente municipales que simple y sencillamente dejan de pagar las cuotas de sus trabajadores, con lo que caen en adeudos e irregularidades, y el segundo, la corrupción y las malas inversiones realizadas con los recursos de los empleados.
El ejemplo más claro del daño patrimonial más reciente, ocurrió en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, el caso Abengoa, donde se compraron acciones de una empresa que prácticamente estaba en quiebra, resultando la pérdida de 600 millones de pesos.
Ello le abre dos frente al gobierno de Alfaro, en primer lugar, hacer que los que provocaron daños patrimoniales paguen por ello. De no hacerlo, de poco o nada le servirá emprender un plan para sanear las finanzas de pensiones. Y en segundo lugar, sentar las bases para evitar que la dependencia sufra una quiebra financiera.
Ambas cosas importan, ambas cosas significan justicia.