El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de riqueza del país, de acuerdo con una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.
El presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso los cambios legislativos.
“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país”, señala Ramírez Cuellar en un comunicado.
El diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional tienen que reconstruirse. La magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda. El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar. pic.twitter.com/WfdtgZrLv7
— Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 18, 2020
Agregó que “lo que estamos buscando es que así como sabemos cuántos pobres hay, así como el INEGI reporta los ingresos y gastos de las personas también establecer el nivel de la riqueza”, añadió que no se revisará de dónde se obtuvo.
Este instituto “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”, propuso
“También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”, agrega el documento.
Ramírez Cuéllar refirió que esta propuesta surgió de un análisis llevado a cabo por Morena y especialistas en política y economía ante la emergencia sanitaria y con la finalidad de forjar nuevas reglas de convivencia basadas en el bienestar.
El dirigente partidista también planteó una reforma hacendaria basada en la progresividad fiscal y fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para que garantice la reparación del daño a los consumidores afectados por distorsiones en el mercado.