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Lomelí suma 7 investigaciones en su contra; podría ser inhabilitado hasta 20 años

De comprobarse su participación en actos de corrupción, el ex Súperdelegado para Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 20 años.

La Secretaría de la Función Pública, confirmó que son siete las investigaciones que realizan en contra de quien fuera el delegado nombrado por AMLO para Jalisco, Carlos Lomelí.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que dichas investigaciones empezaron en mayo, antes de que renunciara.

La funcionaria se comprometió a llevar las indagatorias hasta las últimas consecuencias, pues aseveró que el nuevo gobierno no va a tolerar actos de corrupción o conflictos de interés

Carlos Lomelí es señalado de encabezar una red de empresas farmacéuticas que son operadas por familiares y  sus principales colaboradores, mismas que han obtenido en los últimos años ganancias por más de 7 mil millones de pesos gracias a contratos celebrados para proveer de servicios médicos y medicamentos a gobiernos estatales y el federal.

Una de las compañías de dicha red es Abisalud, fundada por su ex secretario particular y ahora regidor de Morena en Zapopan, Hiram Torres Salcedo; dicha empresa ha ganado 164 millones de pesos desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República, gracias contratos con instituciones federales y algunos estados.

Abisalud también es investigada por la venta de medicamentos a sobreprecio en agravio del IPEJAL, lo que ha provocado que seis personas, tres empleados y tres ex funcionarios, se encuentren vinculadas a proceso por fraude y uso indebido de atribuciones.

Tras las acusaciones, Lomelí Bolaños dejó el cargo como Delegado de Programas para el Bienestar en Jalisco el pasado 10 de julio; en su lugar, se quedó uno de sus colaboradores más cercanos, Juan Soltero, quien además fue abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. 

En caso de que la SFP determine responsabilidad sobre Carlos Lomelí, este deberá pagar una sanción económica y podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta por veinte años.

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