Petra, fue detenida después de un altercado cuando defendía un espacio para trabajar en el tianguis artesanal de Tonalá.
Perteneciente a una comunidad indígena, Petra Ortega de la Cruz se dedicaba a vender macetas y plantas en el famoso tianguis de la zona centro de Tonalá, pero en 2016 un hombre comenzó a atacarla al reclamarle el espacio para trabajar en el sitio, por lo que se registró una riña durante la que defendió dicho espacio, pero fue detenida y acusada de golpear a la hija de uno de sus agresores y robarle efectivo y un celular, acciones que no cometió.
El hombre, junto a su hija, presentaron una denuncia contra Petra, que no sabía leer ni escribir y prácticamente fue obligada a marcar las que serían sus supuestas confesiones; en esa ocasión, un juez calificó como ilegal la detención y ordenó su liberación, pero una agente del Ministerio Público apeló la decisión y logró que otro juzgador le girara orden de aprehensión nuevamente, misma que se ejecutó en 2018; desde entonces, Petra estuvo en prisión preventiva por ocho meses.
A la llegada de la nueva administración estatal, se revisaron los casos con inconsistencias, mismos que se encontraban en total abandono, dijo el director General de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.
Gracias a la intervención de la Secretaría de igualdad Sustantiva, encabezada por Fela Pelayo, se logró la libertad de Petra, tras la búsqueda de una solución mediante el Instituto de Justicia Alternativa, donde se llegó a un acuerdo reparatorio a la supuesta víctima por 5 mil pesos.
“Al ser juzgada con perspectiva de género cambia la lógica y le da una posibilidad a muchísimas mujeres que están todavía detenidas de manera injustificada, porque hay que decirlo, la detención de la señora Petra fue totalmente ilegal”, indicó la titular de la SISEMH.
Petra ya se encuentra en liberta y con su familia, mientras las autoridades revisan al menos diez casos de mujeres encarceladas injustamente.
