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Carlos Lomelí ocultó bienes ante la Secretaría de la Función Pública

El ex delegado de programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, omitió declarar vienes muebles e inmuebles así como cuentas bancarias ante la Secretaría de la Función Pública.

De acuerdo a una investigación publicada por Grupo Reforma, quien fuera candidato por Morena al Gobierno de Jalisco en 2018, ocultó dos propiedades, 13 vehículos, 28 registros de marca y 35 cuentas bancarias con la finalidad de no ser acusado de conflicto de interés, al ser funcionario federal en el gobierno de AMLO.

Lomelí bolaños tiene siete investigaciones en su contra, desarrolladas por la propia Secretaría de la Función Pública, ante quien habría entregado su declaración patrimonial, omitiendo los bienes antes señalados.

La SFP determinó que el ex Súperdelegado ha incurrido en faltas graves derivadas del manejo de una red de empresa farmacéuticas que ha obtenido ganancias por contratos con gobiernos por mas de 7 mil millones de pesos, de manera que sería acusado de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés; falta por la que lo inhabilitarían hasta 20 años sin ejercer un cargo público, además de una sanción económica.

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Carlos Lomelí ocultó una casa en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; la propiedad está en zona de paya y cuenta con parque acuático y campo de golf.
El segundo inmueble es un departamento en la colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara, dentro del exclusivo desarrollo Central Park

Además de las viviendas, el morenista no mencionó que posee varios vehículos, como un mini Cooper 2013; una Cadillac Escalade 4×4 y una Volvo XC90, ambas 2007; una Ford Expedition 2004; un Jaguar 2002 y un Jetta A4, 2003; entre otros.

También omitió declarar información de su cónyuge y de él mismo de la mayor relevancia, como cuentas bancarias, adquisición de seguros y membresías como accionistas; además de marcas a su nombre que podrían representarle un ingreso económico.

 

Carlos Lomelí renunció a su cargo el pasado 10 de julio y está en espera del veredicto final que tendrá que emitir la Secretaría de la Función Pública.

 

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