Tras la masacre del municipio de Minatitlán, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en un plazo de seis meses se verían resultados en materia de seguridad.
No fue la primera vez que estableció un plazo en este tema. Antes de tomar posesión de la presidencia de la república, dijo que desde el día uno se comenzaría a sentir una mejora. Luego dijo que en tres meses se sentirían mejoras. Ahora, a cinco meses de distancia de la toma de posesión, vuelve a establecer un nuevo plazo y con él, se vuelve a colocar él mismo una camisa de fuerza.
Se entiende la urgencia de dar un mensaje que dé certidumbre a los mexicanos, luego de que el primer trimestre del año ha sido el más violento en la historia del país; lo que no se entiende, es que establezca plazos por intuición o por arrojo.
Ni la paz, ni la violencia suceden por decreto. Son producto de muchas fuerzas que intervienen en la realidad. Para Amlo, lograr la paz tiene que ver con el cumplimiento de tres acciones: la aplicación de los programas sociales, eliminar la base social de la delincuencia y la entrada en funcionamiento de la Guardia Nacional.
La apuesta, sensata en términos discursivos, resulta más compleja en términos operativos, culturales y sociales. La sensatez, junto con el entusiasmo del presidente, llevan cinco meses topándose con pared, no solo en el tema de la seguridad, sino también en el económico, en el energético y el ambiental, por citar algunos temas donde la realidad ha rebasado al discurso.
El riesgo de enfrentar un tema tan complejo desde el simplismo es muy costoso, no solo en términos de la inversión de más de 360 mil millones de pesos que se dedicarán a los programas sociales, sino en términos de no perder tiempo en una estrategia que parece más surgida de la buena voluntad, que de una buena lectura de la inseguridad.
En el mes de octubre de este año, sabremos si las acciones del gobierno le dan la razón al presidente o si de nueva cuenta, la realidad se vuelve a imponer.