El fraude fue por más de mil 35 millones de pesos.
En el fraude de la Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), no sólo intervino el director de la inmobiliaria, Luis Oswaldo Espinoza Marín, sino también varios de sus colaboradores.
Esto fue revelado por las personas que resultaron afectadas por dicha empresa, quienes aseguraron que los contratos también eran presuntamente firmados por otras personas como María Elena Romero, la encargada de Pagos de AJP, y Rosalía Rodríguez, mano derecha de Espinoza Marín.
Por ello exigen la recuperación del dinero que invirtieron en su momento a la empresa, también reconocieron la necesidad de que cada caso se ventile de forma individual.
Unos (contratos) estaban a nombre de la licenciada Rosalía (Rodríguez), de la licenciada María Elena (Romero) y los demás del licenciado (Luis Oswaldo) y de la esposa. Las personas que les firmaron a ellos son gente que inclusive fueron sus hijos. Yo sé que también el suegro de él, el papá del licenciado Luis, el hermano del licenciado Luis. Por eso son casos específicos en lo individual, no se puede manejar como un universo único”, dijo Rosa Isela Becerra, vocera de los afectados.
Por su parte el Procurador Social del Estado, Juan Carlos Márquez, dijo que para proceder por la vía civil contra personajes involucrados en el presunto fraude es necesario tener claro cuántas personas estarían en ese supuesto.
“Hay diferentes tipos de contratos que se pudieran atacar en materia civil, por ejemplo. Muchos tienen que ver con contratos de mutuo, hay algunos contratos que se elaboraron como de prestación de servicios”, explicó el funcionario. Me parece, no he visto documentos, que hay contratos inclusive firmados por algunos otros y no por el titular de todo este tema (Luis Oswaldo), entonces hay que analizar cuántas personas hay para poder elaborar las demandas contra ellos en materia civil”.
El fraude en AJP asciende a mil 35 millones 835 mil 740 pesos y hasta el 23 de agosto había 942 denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado.
El director de AJP se quitó la vida el 6 de agosto pasado, luego de reconocer la debacle financiera de la inmobiliaria. El hecho ocurrió en medio de un operativo que llevaron a cabo agentes de la Fiscalía estatal en su domicilio.